La organización Human Rights Watch exigió al Gobierno Nacional la protección de los testigos en la investigación que involucra a los senadores Álvaro Uribe Vélez e Iván Cepeda, luego del asesinato de Carlos Areiza y las amenazas que han sufrido otras personas que colaboran en el proceso penal contra el expresidente.

“La Sala Penal de la Corte Suprema de Colombia ha demostrado una notable valentía al iniciar esta investigación sobre Uribe. (…) Pero tal vez nunca se descubra la verdad si las autoridades penitenciarias, la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección no garantizan la máxima protección a los testigos y sus familiares”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

El organismo internacional recalcó que en febrero la Corte Suprema había instado a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad a favor de tres testigos: Carlos Areiza, Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, otros dos exmiembros de grupos paramilitares. No obstante, Areiza fue asesinado el pasado 14 de abril en un centro comercial en el municipio de Bello, Antioquia.

“El supuesto vínculo de Uribe con grupos paramilitares ya había sido planteado previamente, en 2011, por Monsalve y Sierra, quienes dieron entrevistas grabadas en video al senador Cepeda en las cuales implicaban a Uribe y a su hermano Santiago en la creación de un grupo paramilitar en Antioquia, conocido como el “bloque Metro”. Monsalve y Sierra manifestaron a la corte que el senador Cepeda no los había sobornado para que efectuaran tales declaraciones ni les había pedido que implicaran al expresidente”, recordó Humans Rights Watch.

Dichas declaraciones trajeron consigo “continuas y reiteradas amenazas de muerte” contra los testigos para que se retractaran de sus testimonios.